Bienmesabe. Agapito de la Cruz Franco. La noticia, el 29 de diciembre de 2010, de que el Supremo eximía a la Comunidad Autónoma de Canarias de abonar los 350 millones de euros a la sociedad promotora, Costa Canaria Veneguera S.A. (compuesta por el socio canario Lopesan, 25% y el Banco de Santander, 75%) por no permitirle urbanizar Veneguera, sellaba el éxito de una larga lucha ecologista.El Barranco Veneguera marcó en su momento el inicio a escala social amplia del debate sobre el territorio y el modelo de crecimiento que existe en las Islas, ideas que se verterían en las Jornadas Ecologistas Salvar Canarias de Tafira en Las Palmas en 1987. Ideas que influirían en los planteamientos posteriores de los grupos ecologistas, al alimón con el movimiento Salvar El Rincón, que por esa época surgía también en La Orotava (Tenerife), y que, como Veneguera, se componía de un amplio abanico de sectores ecologistas, políticos, sindicales y sociales diversos centrados en su critica al modelo turístico imperante.
En la frontera del cemento, entre la masificación urbanística y turística del Sur de Gran Canaria y los espacios aún sin dañar por la especulación inmobiliaria del Oeste, aparece pues todavía hoy, milagrosamente intacto y como una rara avis, el Barranco de Veneguera, como símbolo de una amplia lucha ciudadana donde se mezcló la ecología, la política y los intereses empresariales de grandes Bancos, en este caso Banesto y el Santander.
Porque fue Banesto y Mario Conde a comienzos de los 90 quienes iniciaron el ataque, siendo sustituidos después por Emilio Botín con el Banco de Santander, subyugado por las potencialidades turísticas y golfistas. El proyecto consistía en la inversión de 200 millones de euros para 110.000 camas hoteleras (Playa del Inglés tiene 150.000) con José Carlos Mauricio (CC) de estrella intermediaria. Como respuesta, el Movimiento Ecologista llevó a cabo una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en febrero de 1997 para evitar su urbanización, avalada con 46.000 firmas y que el Parlamento de Canarias en marzo de 1998 tergiversó, autorizando -con 30 votos de CC y PP y la abstención del PSOE- 16.000 camas en 3 millones de metros cuadrados y que luego se transformarían en 12.000.
Ante esta decisión, el Cabildo Insular de Gran Canaria revisó el Plan Insular de Ordenación y desclasificó los terrenos de Veneguera. A ello se añadió la aprobación en el Parlamento de la Ley 6/2003 de 6 de marzo que declaraba Veneguera Espacio Natural Protegido, lo que impedían, ambas decisiones, cualquier desarrollo urbanístico en la zona.
Las leyes de Directrices de 2003 de ordenación general y del turismo (a la que precedió la Moratoria de 2001), aprobada con Román Rodríguez como Presidente del Gobierno de Canarias y que apostaba por la sostenibilidad, la menor ocupación del territorio y la calidad en el turismo, acabaría con las expectativas de los especuladores urbanísticos, que denunciarían por ello al Ejecutivo como compensación por no poder fabricar en la zona. Denuncia rechazada por el Tribunal Supremo y que con el inicio de 2011 sería todo un regalo de Reyes a la naturaleza canaria.
El reciente libro de Juan Manuel Brito, José de León y Miguel Ángel Robayna: Salvar Veneguera. El poder en movimiento, editado por Acción en Red-Canarias y la Obra Social de La Caja de Canarias, es un buen documento sobre este conflicto, que como sus autores afirman, aun sigue abierto…
