Josemi Martín. Tamaimos.com. Digamos,
para empezar, que no soy partidario de las simplificaciones y menos en un tema
tan delicado como éste. Estamos hablando de la vida de mucha gente, de sus
proyectos vitales, sueños y esperanzas pero también de situaciones dramáticas,
frustraciones y desengaños que no pueden quedar ocultos bajo la insoportable
levedad de la consigna. Esta convicción es la que me anima a escribir este
modesto texto que, seguramente, no tendrá la profundidad que debiera pero que
quizás no ande tan desencaminado. Hablar de inmigración en Canarias es hablar
de muchas cosas a la vez y eso no hace sino añadir complejidad al asunto pero
creo que, para entendernos, debemos acordar que abordar esta cuestión bajo los
mismos parámetros que utilizaríamos en un territorio continental no puede
llevarnos sino a un marasmo de superficialidades y vaguedades que no va a
ayudar en nada a los propios inmigrantes, a los nuevos canarios ni tampoco a
los antiguos.
Demasiadas
veces se topa uno con un discurso que calificaré de “ingenuo bienintencionado”
en el que se compara a Canarias con Venezuela, Argentina y otros países
extensísimos y con densidades de población anecdóticas. Se apela, de paso, a
los relatos familiares de padres y abuelos, queriendo comparar ambas
situaciones, salvando época histórica y contextos, como si éstos no tuvieran
relevancia alguna. Si uno cuestiona semejante proceder, automáticamente es
tachado de insolidario, de no tener “memoria histórica” o cosas peores. Es un
análisis de vuelo corto y bajo que tiene como principal virtud la de querer
empatizar a toda costa con aquellas personas que abandonan su hogar en busca de
un mejor porvenir. Loable pero errado y superficial. Nada dicen sus defensores
acerca de cómo crecerían los servicios sociales en un contexto de libre
inmigración, cómo se financiarían, qué políticas de integración serían
necesarias, quién las pagaría, … Todo eso queda en el limbo de lo que no se
piensa, lo cual es demasiado parecido a la irresponsabilidad. Del lado de acá,
cantos a la bondad de los inmigrantes, a quienes se suele idealizar, y a la
solidaridad eterna e infinita. ¿Cómo se podrá sostener esa solidaridad eterna e
infinita en términos prácticos? Misterio. Todo lo más, se confía a un mejor
reparto de los recursos existentes el bienestar de esa sociedad multiplicada y
los hijos y nietos de los que ya están y los que vendrán. Dios proveerá.
Junto
a este discurso “ingenuo bienintencionado”, vuela igual de bajo el “pseudouniversalista españolón”,
que vendría a defender una política de puertas abiertas en las islas, basada en
un etéreo concepto de solidaridad que no suele ir acompañado de una exigencia de
responsabilidad para todas aquellas personas que llegarían a Canarias.
Emparentado con el “pensamiento” neoprogresupercool, suele hundir sus raíces este planteamiento en lo que se
ha dado llamar la “vulgata marxista”, un conjunto de creencias populares acerca
de lo que se piensa que Marx escribió y que se aplicaría en todo momento
histórico y lugar del orbe, quiera uno o no quiera. Paradójicamente, sus
principales defensores suelen confiar al mercado la autorregulación de los
flujos migratorios, que por lo visto no deben ser regulados por institución
alguna. Es un discurso importado desde la central hasta la colonia y que no
tiene en cuenta el lugar donde se ejecutaría, entre otras cosas porque eso
importa poco. Lo mismo dan las despobladas provincias españolas que unas islas superpobladas en el noroeste africano. ¡Ancha es
Castilla… y sus colonias! Igual el Tirol que Lampedusa. Lo del “análisis
concreto de la realidad concreta” lo dejan para sus peleítas entre Cayo, Gaspar
y cualquier otro que toque ahora, que a nadie le importa ni cómo se llame. Aquí
lo que toca es rasgarse las vestiduras y darse golpes de pecho si el Gobierno,
por arte de magia, acierta y se le ocurre una obviedad como que se priorice la
contratación de desempleados ya inscritos en oficinas de empleo de las islas
antes que importar mano de obra foránea. ¡Qué atentado contra el género humano!
¡Contratar yesistas desempleados residentes en Tacoronte, pudiendo importarlos
desde Tomelloso! ¿A qué clase de terribles asechanzas expondrán los
“nacionaleros” (sic) canarios a los jubilados ingleses y alemanes, inmigrantes
climáticos? De nuevo, cuestionar tal óptica supone arriesgarse a que uno sea
tildado de racista, xenófobo, fascista o simpatizante de Coalición Canaria, que
es lo peor de todo.
"No conozco ningún país que no regule la inmigración. Incluso los países que abiertamente fomentan la misma, la regulan según sus propios criterios, léase Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos... También Cuba y Venezuela, por cierto."
No
conozco ningún país que no regule la inmigración. Incluso los países que
abiertamente fomentan la misma, la regulan según sus propios criterios, léase
Canadá, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, los mismísimos Estados Unidos.
También Cuba y Venezuela, por cierto. Seguramente la concreción legislativa de
muchos de ellos es abiertamente criticable y para eso está la sociedad civil,
para criticarla y proponer alternativas pero no por ello dejan de tener una
legislación acorde a sus necesidades y su realidad y no las necesidades y
realidad de otros. A veces olvidamos que una política inmigratoria digna de tal
nombre debe buscar el éxito del proyecto migratorio, del propio inmigrante, al
que no se puede usar y tirar como una colilla y después abandonar para que
emigre a otro país a recomenzar su historia de lucha y sacrificio hasta la
extenuación. Los nacionales, también los canarios, somos responsables de que la
inmigración sea un fenómeno ordenado y procurar que éste salga bien, para que
esos inmigrantes se queden entre nosotros. Y sus hijos y nietos, si quieren.
Todo esto debe ser legislado y regulado. Cada vez más, se abre paso esa
conciencia en la sociedad canaria.
"A veces olvidamos que una política inmigratoria digna de tal nombre debe buscar el éxito del proyecto migratorio, del propio inmigrante"
Creo
que en Canarias no podemos conformarnos con tener la legislación inmigratoria
española sino que debemos aspirar a tener la nuestra propia como ya tienen bastantes otros
territorios en el marco de la Unión Europea. Sí se puede
hacer. Como en tantas otras cosas, el reduccionismo español no hace
sino perjudicarnos. Debemos ampliar miras, buscar otros referentes y construir
nuestra propia armazón jurídica -peleando sin descanso contra Madrid, Bruselas
y quien sea- que dé respuestas reales a las necesidades de las islas, que son
muy diferentes a las necesidades de países continentales como España. Opino
también que la legislación canaria sobre inmigración debe, cómo no, partir claramente
del análisis de la sociedad canaria, los flujos migratorios que ésta recibe, la
economía en la que se insertan, los servicios sociales que podemos ofrecer a
los nuevos ciudadanos sin el deterioro de los mismos y sin que se produzca
conflictividad entre la sociedad de acogida y los recién llegados, la capacidad
de carga que territorios ecológicamente frágiles y ya superpoblados pueden tolerar… Confiar la resolución
de todas estas claves al cambio de sistema económico me parece, honestamente,
agarrarse a la flor de un berro, por usar el refranero canario. Personalmente,
no me importaría empezar a resolver algunos problemas desde ya para que si
algún día llega el nuevo sistema económico nos agarre con la tarea más o menos
hecha.
"...en Canarias no podemos conformarnos con tener la legislación inmigratoria española sino que debemos aspirar a tener la nuestra propia como ya tienen bastantes otros territorios en el marco de la Unión Europea".
Este
análisis del que hablo y del que tan poco se oye hablar en las visiones que
comentaba arriba, no entra en contradicción, al contrario, con tratar
cuestiones aún más espinosas: el concepto de ciudadanía canaria; la
caracterización de la inmigración realmente existente -mayoritariamente
proveniente de Europa y en especial de España-; hablar de tú a tú con los
vecinos de nuestro continente aunque la inmigración africana sea modesta en
términos cuantitativos; la controvertida cuestión de la preferencia nacional;
el establecimiento de cupos y ocupaciones preferentes; el necesario engarce de
todo esto con una realidad social y ecológica donde ya hay cada mes un millón
de turistas como población flotante; la justicia y conveniencia de garantizar
un retorno digno a nuestros propios emigrados -pasados, presentes y futuros-
así como la de garantizar posibilidades de desarrollar su vida profesional a
los que ya están en el territorio… Y todo esto, con un profundo anclaje en la
legislación internacional, especialmente en todo lo que hace a los derechos
humanos, que siempre son mejor salvaguardados si las instituciones y la
sociedad civil se empeñan en su defensa y no se deja cuestiones tan delicadas
al vaivén de los mercados. Que Paulino Rivero no haga sino dar palos de ciego,
a cual más torpe, con la inmigración no debe distraernos. Decrecer, diversificar,
repartir justamente,… todo eso debe estar en la agenda pero ni sus efectos van
a ser inmediatos ni debe ser obstáculo para que los canarios nos autogobernemos
también en materia inmigratoria. Ésa es la brega que la sociedad canaria tiene
delante, una brega insoslayable que los “ingenuos bienintencionados” no ven y
los “pseudouniversalistas españolones” quieren ocultar. No caigamos nosotros
también en la trampa de no ver lo que toca hacer.