Que la lógica interna del derecho burgués genere condiciones democráticas potenciales, no puede ocultar que esas formulaciones jurídicas representan básicamente la expresión de su dominación social. Un clasismo substantivo que por lo general apenas se percibe, en tanto la producción legal se instituye como abstracción de las relaciones reales, fundadas, no se olvide, sobre una desigualdad intrínseca a la organización capitalista de la sociedad. Por tanto, se trata de una concepción ideológica, que, a su vez, ha de superar sus eventuales contradicciones e imponerse en la dialéctica social a través del ejercicio del poder, porque no sólo de ficción jurídica vive la democracia burguesa.Explotar la dimensión «creativa» de las leyes para cuestionar las condiciones de explotación y desarrollar las libertades políticas, una dirección táctica indispensable en la progresiva constitución de las fuerzas populares como movimiento estratégicamente orientado, no activa en realidad su función transformadora sin la impugnación práctica del derecho a través de las luchas sociales. Porque es en la confrontación donde el pueblo trabajador puede definir su personalidad histórica, al tomar consciencia de su situación y de los obstáculos que se oponen a sus verdaderos intereses, pero también al tejer los vínculos materiales, programáticos y éticos sobre los que ha de crear una sociedad nueva.
Pese a que cierto independentismo isleño invoque todavía la ilusión legalitaria y la participación en el oligopólico mercadeo electoral como una expectativa eficiente de liberación, la democracia consensual, esa que ha convertido la representación y las instituciones políticas en instancias de legitimación simbólica e ideológica de la dominación burguesa, nadie diría que guarda hoy algún reparo a la hora de degradar y sectarizar su Estado de derecho en razón de una totalitaria «garantía de seguridad», con la que neutraliza y excluye por inconstitucional cualquier oposición de clase que no pueda absorber.
La creciente implicación del Estado en las políticas de estabilidad y desenvolvimiento capitalista, junto a la autonomización de esa maquinaria respecto de unas bases sociales concretas, sirven desde hace ya tiempo como soporte del mito reformista de la neutralidad estatal, que concibe así un instrumento susceptible de ser abordado y controlado para intervenir en la planificación y gestión gubernamentales de las dinámicas del capital. Una «superstición democrática» que soslaya el peso esencial del Estado en la ordenación interna de la valorización capitalista, donde queda subordinado sin ambages a la exigencia de reproducción ampliada y desigual del capital global.
Una estrategia de emancipación diseñada y conducida dentro del tejido jurídico burgués viene obligada a preservar las relaciones capitalistas, que en Canarias figuran determinadas no por su disposición productiva, sino por una absoluta predominancia de la depredación especulativa. Esto vuelve perentoria la definición de la actividad política transformadora como un proceso de acumulación radical, contrario al posibilismo pactista, sin que ello suponga renunciar a cualquier expediente táctico que mejore las condiciones de existencia y de lucha de las clases trabajadoras (con las que debe involucrarse indefectiblemente). Tal enfoque estratégico suministra un marco objetivo de alianzas combativas entre, por lo menos, las corrientes anarquista y comunista del movimiento popular de liberación. Ambas comparten un compromiso explícito con el desbordamiento democrático del régimen a través de la paulatina constitución de un poder independiente, fruto de la participación directa del pueblo trabajador en la creación y dirección de las alternativas emergentes (lo cual sólo como caricatura se puede entender exclusivamente al margen, desde ahora y por completo, de la legalidad vigente, aunque ahí resida el objetivo final).
Fenómenos de socialización crítica como el que ha supuesto por ejemplo Asamblea por Tenerife, con el caudal de contradicciones y experiencias acumulado ya, dibujan, a despecho de las contaminaciones oportunistas pasadas y venideras, un modelo consistente para esa construcción nacional emancipadora que necesita el pueblo trabajador canario en la hora actual. Que el producto social, cultural y político que ha de gestar ese movimiento resulte suficiente o insostenible lo dictará el curso de las luchas (también internas), aunque nada se ganará sin la transformación profunda de la imperante realidad económica del Archipiélago.
Ignacio Reyes
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