Miguel Hernández. Es una pena estudiar una carrera de periodismo para convertirse en un engranaje más del sistema y de los intereses que hay detrás de cada medio de comunicación. Evidentemente tienen que obedecer las directrices de sus patronos, pero se puede mantener una línea digna de compromiso e imparcialidad, ejerciendo un trabajo que demanda de profesionales que investiguen y hagan llegar a la ciudadanía la verdad de cada noticia. Un grupo de personas nos hemos vistos seriamente perjudicados por una información publicada en un rotativo canario del Grupo Prensa Ibérica, donde por asistir en Las Palmas de Gran Canaria a una conferencia sobre la realidad política de Euskal Herria se nos ha criminalizado públicamente. Este medio y su periodista Pedro Guerra fueron incapaces de pedirnos nuestra opinión para contrastar un reportaje donde se colocó nuestros nombres, apellidos y lugar de trabajo en una primera página de un domingo de noviembre. Justo un año después de asistir a esa charla totalmente legal, nos despertamos leyendo un titular aberrante y tendencioso: ETA BUSCA CANARIOS, donde un supuesto profesional de la información decía basarse en informes policiales para vincularnos con un grupo armado. Quienes asistimos a esa actividad organizada por Intersindical Canaria en su programa de actos solidarios, no esperábamos recibir ese tratamiento por parte de ese medio de comunicación. Ya habíamos asistido en el mismo lugar a conferencias anteriores sobre Venezuela, Colombia, Palestina…, enterándonos como siempre a través de correo electrónico. Allí estuvimos en el acogedor salón de este sindicato canario personas relacionadas con la educación, la ecología, el sindicalismo, el antimilitarismo, el trabajo social, la lucha por la paz y los derechos civiles. Con la única idea de escuchar las palabras de miembros de la organización legal vasca Askapena, simplemente por conocer un poco más de una realidad, que muchas veces nos llega mediatizada y parcializada por la existencia de un conflicto político.
Este encuentro, insisto absolutamente legal, sirve de excusa a este periodista y a La Provincia/DLP para aumentar sus ventas con una información falsa y sensacionalista, perjudicando seriamente nuestra imagen pública y acusándonos de sentarnos en una mesa con supuestos miembros de ETA. Una noticia que nos ha generado graves problemas, sobre todo a compañeros que están en el desempleo y que desde ese domingo negro de noviembre no han conseguido trabajo. Hoy en día los empresarios meten tu nombre en el Google para ver si has estado involucrado en algo ilegal, apareciendo los nuestros no solo en la noticia colgada todavía en la edición digital de este periódico, sino en foros de neonazis y fascistas, de grupos de seguridad y de policías resentidos, donde casi se nos crucifica y en algunos casos piden nuestro linchamiento público. Todo gracias al “intrépido periodista” y a la directora de este medio de comunicación, que se le ocurrió elaborar y publicar una noticia que nos criminaliza y nos coloca junto con nuestras familias en el punto de mira de grupos violentos de la ultraderecha española. Dos de los asistentes presentamos una demanda por delito contra el honor contra éste plumilla y su periódico, que a pesar del contundente informe de la fiscalía a nuestro favor se perdió en primera instancia, por lo que hemos recurrido ante la Audiencia Provincial.
Sinceramente no buscamos nada más que dignificar nuestra imagen y evitar que hechos tan graves se sigan produciendo. Ni siquiera buscamos dinero fácil, ya que en caso de ganar el recurso entregaríamos la indemnización de forma integra a las causas saharaui y palestina en un acto público. Pensamos que ya está bien de criminalizar nuestras vidas, que solo somos gente tranquila y honrada que luchamos por un mundo mejor sin pedir nada a cambio.
Ya en esta tierra se produjeron bastantes abusos y crímenes durante la dictadura franquista, para que ahora un periódico bastante cercano al PSOE nos trate de esta forma. Ninguna de las personas que estuvimos en esa conferencia de Askapena merecemos tales acusaciones. Ni siquiera a los violadores, asesinos y políticos corruptos, se les coloca sin pruebas en la palestra de un medio de comunicación con nombres y apellidos, normalmente se usan las iniciales o se contrarresta la información contactando con los afectados. Jamás nos llamaron, ni contestaron al burofax enviado por el Colectivo Ecologista Atamarazayt pocos días después del reportaje, exigiendo una rectificación y retirada de Internet de la noticia, demostrando una actitud de prepotencia y soberbia que avergüenza a gran parte de l@s profesionales del periodismo canario, incluso de su propio periódico, que han contactado con nosotros en este tiempo manifestándonos su apoyo, solidaridad y repulsa por dicho reportaje de La Provincia/DLP.
Si de verdad amaran esta profesión y les quedara algo de vergüenza retirarían de su edición digital esta noticia, pidiéndonos disculpas aunque fuera personalmente. De esta forma se hubiera solucionado un litigio donde nunca, jamás nos vamos a cansar de denunciar lo que nos ha pasado. Ellos ganan dinero perjudicando nuestra imagen, nosotros ganamos en dignidad, honradez y coherencia, difundiendo dentro y fuera del estado español esta criminalización y persecución de nuestras ideas.
Suele pasar que quienes solo se mueven por intereses personales o monetarios, no entienden que exista gente que desinteresadamente actuamos en contra de las injusticias: por las personas más desfavorecida, por la madre tierra, por los derechos humanos, por tratar de transformar estructuras injustas, por un mundo más justo y solidario.En ello estamos y seguiremos, porque nadie ni con la mentira, ni con el miedo, podrá parar la noble y altruista misión de las personas que luchamos en cada rincón del planeta por la liberación de los pueblos.
