La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo (Gran Canaria), ha manifestado su satisfacción por la exigencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado español de su obligación de "aclarar la situación de las personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura franquista".
Las familias de San Lorenzo de Tamaraceite señalan que en Canarias se produjeron miles de desapariciones de militantes antifascistas, republicanos y personas que habían manifestado su respaldo a la legalidad democrática que se elevan a la friolera de entre 3.000 y 5.000 ciudadanos canarios -según las últimas investigaciones-. Aún quedan "muchas fosas sin abrir e investigar en simas, pozos, pinares, cunetas y cementerios que como el de Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta) acoge los restos de un amplio numero de personas desaparecidas", entre ellos tres de los cinco fusilados de San Lorenzo: su alcalde, Juan Santana Vega y los sindicalistas vinculados a dicho Ayuntamiento, Matías López Morales y Francisco González Santana. Pino González, una de las portavoces de la plataforma, ha manifestado “que las familias de los desaparecidos y asesinados por los franquistas sufren una situación de abandono y desamparo por parte de los gobiernos español y canario, así como por la mayoría de las corporaciones locales de las islas que siguen teniendo un miedo inexplicable e injustificable a que se abra cada fosa, se identifique y se haga justicia de una vez por todas con el sufrimiento de los descendientes de las personas asesinadas impunemente por falangistas y militares a partir del año 1936, lo que demuestra que el fascismo sociológico sigue presente en la administración pública y en muchos casos en la propia judicatura”. Desde las familias de los desaparecidos y fusilados se señalan lugares importantes de desapariciones en Canarias donde casi no se ha intervenido por parte de la administración pública, como la Sima de Jinámar, la Mar Fea, los pozos de Arucas y Tenoya o las simas de Los Giles en Gran Canaria, el Pinar de Fuencaliente en La Palma o las Cañadas del Teide en Tenerife. Por último, expresan que esta petición de Naciones Unidas servirá para que de una vez por todas se desentierre a las más de 113.000 personas que siguen todavía en fosas comunes sin ser identificadas en todo el Estado Español, tras el intento frustrado del juez Baltasar Garzón de investigar este caso. "Como dice Sarkin las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad aunque estos hechos sucedieran hace casi 75 años, el derecho a la verdad es crucial y es necesario estar al servicio de estas familias sin olvidar la importancia de la reconciliación”, concluye la nota.
Fuente. ACN.PRESS.
