FuenteLaProvincia. Varona participará en el III Congreso de Derecho Urbanístico que se celebrará estos días en el Auditorio de La Oliva (Fuerteventura). Para Varona, "hay un poder político y unos planificadores omnímodos que con sus lápices y cambiando las rayas del planeamiento de un sitio a otro pueden generar o destruir millones de euros en plusvalías, esto supone una tentación muy grande y lo normal es que el que tiene la tentación acabe delinquiendo". Canarias es una de las comunidades del Estado español con mayor tasa de delitos de corrupción asociados al urbanismo y el Código Penal actual no favorece que se castiguen las infracciones como se debiera. El magistrado Varona echa de menos un mayor incremento de las penas para los que cometen delitos de cohecho o prevaricación porque, pese a las reformas que se han realizado del Código Penal, "realmente la figura de los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos ha experimentado una sola reforma en el Código de 1995 y se contemplan penas de inhabilitación o multas pero las de prisión son escasas". Javier Varona afirma que la superposición de leyes y planes entorpece la ordenación territorial de las Islas. Recuerda que el texto refundido del año 2000 de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias es "complejo, engorroso y prolijo", lo que la convierte en una de las leyes más complicadas que existen.
"Entre menos leyes y más cortas mejor", advierte Varona, lo contrario de lo que sucede en Canarias, donde "las leyes son malas y se han multiplicado desde que se redactaron las primeras normas sobre el territorio en los años 80". En los últimos 30 años "las leyes se han sucediendo una tras otra y todas han sido malas y han provocado lo contrario de lo que se pretendía", advierte el juez de lo contencioso. Tampoco la moratoria turística ha solucionado las cosas, más bien al contrario. Varona recuerda que la víspera de su aprobación por el Parlamento los ayuntamientos aprobaron cientos de licencias para construir camas turísticas. Además, la ley de Directrices es una norma "cómoda" que emplaza la ordenación territorial a la redacción de planes y que, 10 años después, se ha incumplido.
