20/4/09

OPINIÓN. La amortiguación burocrática de la lucha de clases

Compartimos este extracto de un texto de Octavio Hernández que quizás sea de interés para nuestros lectores. El texto invita a reflexionar sobre la historia reciente de los movimientos sociales en el País en general, y el movimiento indepenentista en particular, todo ello desde un punto de vista poco habitual.


http://www.canarias-semanal.com/EXTERNAS/E2117/E21170.HTML

Todo conduce a lo mismo: el capital financiero español y transnacional, con el apoyo del aparato estatal, habían evitado en Canarias un desarrollo industrial más allá del 11 por ciento del PIB, en alianza con la burguesía terrateniente y comercial, forzando que hasta el 80 por ciento del consumo fuera de importación, y así impidieron que se expandiera un proletariado industrial potencialmente desestabilizador, cuyos cuadros normalmente lideraban las movilizaciones anticapitalistas allí donde se levantaba una industria. En Canarias se dio un proceso amortiguador semejante al de la Política Agraria Común de la Unión Europea, cuyo origen se debe a la necesidad capitalista de sostener artificialmente a la pequeña propiedad agraria, por temor a la lucha de clases que tendrían que enfrentar algunos estados europeos si el libre mercado la abocaba a la proletarización.

La actividad del MPAIAC y, en general, la cultura marxista en la que se desenvolvieron tanto parte del independentismo "interior", como el movimiento comunista estudiantil, sindical y de partido, en los años setenta y hasta bien entrados los ochenta, convencieron a las clases y agentes del colonialismo y el imperialismo de que lo más conveniente para sus intereses en Canarias era, por una parte, llevar al paroxismo la terciarización económica, el sector servicios y el comercio ligados al turismo, que alcanzó hasta el 75 % del PIB -solo el turismo supone el 30 por ciento-, y por otra, utilizar el empleo público para mejorar las condiciones de vida del trabajo asalariado, garantizando una relación de dependencia directa laboral o profesional de la clase media administrativa isleña respecto al entramado institucional, político, electoral y partidario de la clase dominante, alejándola de la militancia intransigente y violenta, gracias a la idiotizante y pusilánime cultura de obediencia y subyugación caciquil heredada en democracia de la opresiva y destructiva, para la clase trabajadora conciente, etapa que comenzó en 1936. Eso que Víctor Ramírez ha llamado, con acierto, "ignorantación".

"A mi se me mata, pero no se me enyuga", había escrito el majorero Matías López Morales antes de ser fusilado en la batería de La Isleta, en marzo de 1937. Cincuenta años después, el capital había logrado enyugar de manera menos sangrienta, más refinada. Con frecuencia se recuerda en el discurso económico anticolonialista la diferencia salarial con las nacionalidades ibéricas, que es de 15 puntos negativa para Canarias. Se conoce y habla menos de la diferencia salarial entre los trabajadores del sector privado y los del sector público en las islas, que es de 56 puntos más para estos sobre aquellos. La estadística varía, sin embargo, en ambos casos: para el sector privado, porque un volumen importante de la masa salarial se paga "en negro", no se declara ni registra en la Seguridad Social; para el sector público, porque la mitad de los empleos públicos son temporales, sujetos a precariedad y con una creciente tendencia a la "gestión indirecta", es decir, la prestación de servicios públicos fuera de las condiciones laborales consolidadas del sector público, a través de "organismos autónomos", patronatos, asociaciones o empresas proveedoras de la Administración, y por tanto, en los presupuestos no se contabiliza esta masa salarial en el capítulo de personal, sino en el de transferencias de capital, camuflando costes de trabajo en gastos de actividad para eludir la normativa de déficit público.

El desarrollo administrativo del archipiélago no está en relación con la respuesta pública a las necesidades y demandas básicas. La razón de ello no es económica, sino política. La Sanidad pública no tiene la finalidad de garantizar la salud, sino evitar que la relación entre explotación y salud se manifieste en forma de conflicto y demanda de socialismo e independencia en las islas. La Educación pública no tiene el objetivo de formar una ciudadanía educada, competente y crítica, sino mantener ocupada y entontecida a la juventud y darle una salida laboral no conflictiva para las relaciones sociales y de dominación. Sucesivos planes de empleo sustanciosamente financiados, no tienen la meta de reducir el paro, sino crear una clientela de formación y colocación a través de los fondos para el desempleo, nutriendo a los "agentes sociales" para garantizar la "paz social". Todos estos sistemas públicos, junto a una red administrativa hipertrofiada y sobredimensionada -Canarias es el territorio con más administraciones por metro cuadrado de la Unión Europea, y aún hay quien quiere segregar más municipios- compuesta por la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos, los Cabildos y las universidades, y los servicios y funcionarios estatales, conforman en el archipiélago una masa de empleados que constituyen el grueso de la clase media, formada directamente por unas 200.000 personas, el 25 por ciento de la población activa empleada, y otras tantas indirectamente a través de contratos, subvenciones o licitaciones.

Situaciones parecidas pueden observarse en Galicia, Cantabria, Extremadura o Andalucía, con unas estructuras productivas poco industrializadas donde el peso del sector agrario es significativo. Sin embargo, en Canarias la pregunta es ¿cómo se ha podido alcanzar en los últimos treinta o cuarenta años un nivel de desarrollo del sector público y mejoras de las condiciones de vida y actividad económica equiparables a las de los territorios continentales industrializados, si somos una colonia prácticamente improductiva? En el ancho mundo de la desgracia no es usual que, en condiciones de explotación colonial o semicolonial, un pueblo dependiente sea bendecido por el capitalismo metropolitano gracias a una mera "evolución de los indicadores". No hay una explicación económica para esto. Si nuestro pequeño país de las maravillas es una fantasía, ¿cómo pudo sobreponerse al país de verdad, oprimido, explotado y colonizado?

El independentismo de los setenta y primeros ochenta, para la burguesía y la terratenencia isleñas, fue un maná en su relación con el Estado. Esa relación se había estructurado durante el franquismo, a través del régimen orgánico de la dictadura. La representación por sectores de actividad estaba concentrada y articulada en torno a los nombres de algunas de las antiguas familias terratenientes que habían participado activamente en las Sociedades Agrarias y las instituciones donde se escribieron y acordaron las listas de fusilados y desaparecidos de la guerra civil y se tomaron todas las decisiones, de común acuerdo con los militares y policías golpistas, para la instauración del régimen fascista. Con ellos había algunos técnicos, profesionales liberales de la abogacía y el comercio, que los asesoraban constantemente en la transformación y capitalización de sus propiedades en rentas y nuevos negocios. Por último, la clase dominante estaba formada por agentes del imperialismo, representantes y gestores de las industrias y concesionarios de capital español y extranjero. Cuando llegó el momento de la Transición, con el antecedente de la "revolución de los Claveles" de Portugal y los efectos de la crisis del petróleo, esa burguesía terrateniente e imperialista acudió al Estado para expresar su temor a la revolución y la independencia, exigiendo como antaño acciones represivas, diplomáticas y, lo más importante, importantes inversiones públicas y más concesiones administrativas y fiscales.

Nuestra clase media debe su crecimiento y expansión, en modo cierto, al MPAIAC y a la lucha obrera independentista de la Transición (CCT, SOC, PCU, etc.), que condujo al Estado y la clase dominante local a ponerse de acuerdo para reforzar las prácticas caciquiles en el empleo público con el fin de aplacar políticamente esa "deriva" y cercenar su engrosamiento por las y los trabajadores descontentos. Por eso tenemos unas administraciones que crecen continuamente aunque no funcionan o funcionan a "medio gas" en la provisión de los servicios que tienen encomendados: crecen con la demanda pero en realidad no responden a ella, muchos puestos y servicios son meros simulacros de servicio, artificios para mantener "enchufada" a la gente, porque su finalidad principal no es surtir las necesidades para las que estos empleos fueron concebidos originalmente, sino sostener en la media y por encima de la media las condiciones de vida de una parte de la clase trabajadora, a pesar del subdesarrollo productivo, inhibido por inconveniente, mientras el colonialismo y el capitalismo privado explotan el territorio y a la mayoría del pueblo ante su indiferencia; y a la vez, convertir a esta cohorte medioclasista en el horizonte vital de estos explotados para la mejora de sus condiciones de vida, frente a cualquier ruptura fundamental o tentativa de cambio estructural, de socialismo e independencia.

Al final, en los ochenta, alguien podía replicar cómo es que queríamos la independencia "si todo viene de España". Y en efecto, todo venía ahora de España en cantidades crecientes, pero no era por el éxito de nuestra dependencia, sino porque los trabajadores canarios habían querido la independencia y el socialismo y eso movilizó todos los recursos del Estado en las islas para impedirlo. El resultado de ello está a la vista, no sólo fue el reflujo histórico del movimiento comunista internacional o el extendido aquietamiento revolucionario del marxismo y la derrota estratégica del MPAIAC y el independentismo "interior", sino que en el contexto colonial canario el adocenamiento de cientos, miles de militantes, estuvo determinado, en última instancia, también, por cambios sustanciales en las condiciones de su vida material, respecto a generaciones anteriores, cambios cuyo origen político hay que rastrear en las medidas contrarrestantes de tipo económico y administrativo adoptadas contra el movimiento socialista, tanto revolucionario como reformista, de descolonización.


*Capítulo extraído del artículo publicado en Canarias-Semanal.com por Octavio Hernández: "Acerca de caciquismo y cuestión agraria en Tenerife, acotaciones y vivencias".