El informe que hizo público ayer el Comité de Derechos Humanos de la ONU censura las salvaguardas de los derechos civiles y políticos en el Estado español. Los expertos de Ginebra recomiendan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros aspectos, que derogue «definitivamente» el régimen de incomunicación, y muestra su preocupación por el alcance «potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno», así como por la pervivencia de las denuncias de torturas y la aplicación excesiva de la prisión preventiva a los detenidos.Después de que el Estado español haya permanecido doce años sin someterse al análisis sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que los estados firmantes deben realizar cada seis años -el último data de 1996; y el Gobierno de Aznar se negó a la investigación en 2002-, el Comité de Derechos Humanos de la onU vuelve a denunciar que el fantasma de la tortura planea sobre las comisarías y los acuartelamientos.
Contradice al Gobierno español
En el apartado siguiente, uniéndolo con la denuncia de la práctica de la tortura, la Organización de Naciones Unidas emplaza a Madrid a que suprima «definitivamente el régimen de incomunicación», porque, contra la justificación del Gobierno español de que su mantenimiento resulta ser «en aras del `interés de la justicia'», los expertos entienden que ese régimen de detención «puede propiciar los malos tratos».
Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU lleva años realizando similares recomendaciones al Estado español, en este informe la insistencia y el tono es evidentemente más conminatorio. Al respecto, además, los expertos afirman que el Estado español debe reconocer a todos los detenidos el derecho para que elijan libremente a un abogado con el que «puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios». Asimismo, señala que debe ser Madrid el que haga cumplir la utilización sistemática de medios audiovisuales para grabar los interrogatorios «en todas las comisarías y lugares de detención».
La ONU también critica al Gobierno español por el excesivo empleo de la prisión preventiva que realizan las autoridades españolas, y, en concreto, le recomiendan que «no emplee la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración máxima de la prisión provisional».
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Los expertos también han criticado «el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno» del Estado español.
ley de amnistía de 1977 La ONU también pide derogar de la Ley de Amnistía de 1977, que entorpece, a su juicio, la investigación y las exhumaciones de las víctimas del franquismo. Recuerda, además, que los delitos de lesa humanidad «son imprescriptibles».
