CC presentó su tradicional fantasmada preelectoral para seguir vendiendo su agotado disfraz "nacionalista canario" que no hay quien se lo crea ya. Lo grave de todo el asunto es que las supuestas "aguas canarias" constituyen una gran patraña sin un estado canario independiente.
El pasado mes de diciembre del 2010 La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español aprobó, con el voto en contra del PP, la Ley de aguas canarias, que dibuja un nuevo contorno perimetral para la Comunidad Autónoma. Éste se dibujará uniendo los puntos extremos más salientes de las islas o islotes -El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife así como los territorios insulares de La Graciosa, Alegranza, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste- y las aguas que queden encerradas en su interior, que pasarán a apellidarse "canarias", constituirán el "especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma". Canarias supuestamente multiplicaría por cinco su territorio (de 7.446,95 a 36.932. 910 km2). "Ya no va a haber discontinuidad territorial. Canarias se convierte en una unidad, una única tierra, un único pueblo", se felicita Fernando Ríos Rull (CC), secretario de la Presidencia de Canarias.
Aguas turbias
Pero veamos de cerca que se esconde detrás de todo esto. La realidad es que esta ley viola la Convención del Mar de la ONU. Si hoy una persona toma un barco en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con rumbo a Las Palmas de Gran Canaria -como desde cualquiera de las otras islas salvo entre Tenerife-La Gomera o Fuerteventura-Lanzarote que están unidas a efectos jurídicos por su cercanía- navegará durante 12 millas por el mar territorial (competencia del estado) y luego se adentrará, hasta llegar a las 12 millas más próximas a la costa de destino, literalmente, en el mar internacional. Son aguas internacionales. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es clara, considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, establece que la delimitación global de un archipiélago sólo es posible para los que sean Estado, como ocurre con Filipinas o Indonesia. Sin embargo, la delimitación de archipiélagos que pertenecen a un Estado continental –como Canarias, Baleares o las Galápagos, en Ecuador– se realiza sobre cada una de sus islas y no sobre el conjunto.
CC y PSOE alegan...
Sin embargo Ríos Rull, ante esta realidad hace piruetas para vender la moto "No está del todo claro, hay un debate abierto desde hace años, digamos que el Estado tiene derecho preferente y actúa como si fuera ZEE". Jose Segura Clavell (PSOE) defiende la supuesta legitimación del Estado Español para trazar estas líneas "conforme a la normativa interna e internacional". Para ello alega que los archipiélagos de Estado -como Canarias- sufren una "clara discriminación" porque el "régimen jurídico de sus espacios marítimos se asimila al de las islas en general". "Si es parte o forma un Estado es un hecho intrascendente. Es un todo unitario y como tal tiene que ser tratado", cree Segura. Según él "la convención no prohíbe expresamente" esa delimitación para los Archipiélagos de Estado por lo tanto, concluye, se puede aplicar. Intenta justificarlo también el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna Juan Hernández Bravo de Laguna, recordando que “hay estados que lo aplican como Portugal o Dinamarca sin poderlo aplicar”. Por ejemplo “utilizan el polígono de base recta en los accidentes geográficos más extensos”, aunque ha reconocido que, llegado el momento y ante una denuncia presentada por algún país, "puede haber conflicto”.
La opinión de expertos independientes
No opinan igual ni el catedrático español de Derecho Internacional público de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Carlos Jiménez, ni el especialista en derecho marítimo internacional canario Ramón Moreno Castilla. Según Jiménez la “Ley de las Aguas Canarias”– es contraria al Derecho Internacional, ya que esta delimitación sólo es posible en “Estados archipiélagos” y no en archipiélagos que forman parte de un Estado. España, como Estado, tiene el control de las 12 millas náuticas próximas a la costa de cada isla, pero no del conjunto de ellas. El perímetro único para todo el archipiélago supondría una “ampliación muy grande” de la soberanía canaria, pero esto también conllevaría una reducción significativa de “mar libre”, algo con lo que los países no tendrían por qué estar de acuerdo. Para Ramón Moreno “Constituye, no solo un canallesco engaño masivo y una intolerable tomadura de pelo al pueblo canario, sino un ¡monumental brindis, no al Sol, sino a todo el sistema solar!” y afirma que “se trata de una cuestión meramente semántica, de una pretendida nomenclatura de las aguas interinsulares; carente de todo rigor jurídico, y sin repercusión internacional alguna.” Además añade que el Señor Ríos miente descaradamente ya que “las líneas de base rectas” se trazan para obviar las concavidades de las costas y, desde ahí, medir los diferentes espacios marítimos que procedan. Como, en caso de los Estados ribereños, la anchura del Mar Territorial de 12 millas (de soberanía de los Estados), la Zona Contigüa de otras 12 millas más, y las restantes 176 millas que completan las 200 millas de Zona Económica Exclusiva, en las que están incluidos los dos espacios anteriores.” Lo que defiende el señor Ríos sencillamente “es legalmente imposible su implementación”. En su artículo “Las virtuales aguas canarias” Moreno rebate punto por punto la argumentación del secretario de la presidencia de Canarias.
Conclusiones
Todas las evidencias apuntan a que la tan alabada “Ley de Aguas Canarias” constituye meramente una declaración de voluntad de nula validez jurídica, por tanto falsa. Nadie ha podido desmentir lo que señalan los expertos en la materia que no dependen de los promotores de esta ley virtual. La realidad sigue siendo que el Mar Canario, espacio histórico donde durante siglos nuestros marineros y comerciantes se ganaban la vida, y por el cual llegaron nuestros antepasados, no es nuestro. Lo cierto es que nuestra dependencia permite que nuestras aguas sean internacionales y marroquís, por muchas leyes virtuales que proclamemos, y lo que es más grave, mientras se engaña tan irrespetuosamente al pueblo canario. No nos parece mal dejar por escrito la voluntad de considerar parte de nuestro país su mar, pero este Mar Canario según la legislación internacional no es el raquítico espejismo que nos vende el régimen autonómico. Son las 200 millas que como nación soberana nos pertenece.
NACIÓN CANARIA
