Tindaya es hoy un símbolo de la centenaria sumisión de nuestro país a los intereses extranjeros. Una montaña sagrada y mítica del pueblo canario, con un reconocido patriominio natural y cultural milenario, será víctima de las alucinaciones de un godo y la avaricia de la clase política canaria. Ni la oposición de la ciudadanía ni la corrupción que han rodeado este proyecto de atentado parecen ser suficientes. ¿Qué nos queda?
Público.es. La "intuición utópica" que tuvo el fallecido escultor Eduardo Chillida se hará realidad. El Gobierno de Canarias anunció ayer la aprobación de la declaración de impacto ambiental del Proyecto Monumento Montaña Tindaya, un polémico plan del artista vasco para realizar un agujero del tamaño de un edificio de 15 pisos en la montaña protegida de Tindaya, en Fuerteventura. Este trámite es fundamental para la aprobación definitiva del proyecto, combatido en los tribunales por las organizaciones ecologistas. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias advirtió ayer que la declaración "caducará si no se inicia la ejecución del proyecto en el plazo máximo de cinco años". A pesar de la voluntad del Gobierno canario, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, de horadar la montaña, Tindaya es un territorio protegido por su valor ecológico, como Monumento Natural, y arqueológico. En su entorno han aparecido unos 300 dibujos podomorfos, unos grabados realizados hace 1.000 años por los pueblos aborígenes de Fuerteventura. La organización Ben Magec-Ecologistas en Acción pidió esta semana la retirada definitiva del proyecto ante "el escándalo de especulación, corrupción y desfalco económico". Los activistas denuncian unas pérdidas de 900 millones de euros en el intento del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por continuar "a toda costa" el proyecto monumental de Chillida. "Los ecologistas que se oponen a mi proyecto en Tindaya son un coñazo espantoso", aseguró el propio escultor vasco en 1998. La ONG explica que la Administración canaria no ha evaluado ambientalmente ni la extracción minera ni el traslado del material extraído. Además, según los ecologistas, el órgano competente para autorizar una extracción minera es la Consejería de Industria, no la de Medio Ambiente. "Estamos ante el mismo despropósito de siempre, con todo tipo de irregularidades administrativas", denuncia el arqueólogo José de León, de Ben Magec-Ecologistas en Acción. En su opinión, la aprobación de la declaración de impacto ambiental del agujero de Chillida es "una fanfarronería" de Berriel, ya que todavía "quedan muchos trámites". El propio consejero aseguró a comienzos de 2008 que el proyecto empezaría a realizarse en febrero de 2009. No fue así.
